Los últimos años han sido bastante activos en materia de Derecho y Tecnología y que el crecimiento de esta área del Derecho seguirá en aumento. El propósito a continuación será tratar de realizar una resumen de los temas que se vislumbran como los más relevantes para este año 2022 en lo referido al Derecho Digital en Costa Rica.

Lo que se viene en regulación

Protección de Datos Personales: casos como UPAD, Bonos Proteger, SINIRUBE, pruebas FARO, Código QR, datos de salud, uso de datos biométricos para videovigilancia, Agencia de Protección de Datos, han sido temas que durante los últimos dos años han hecho cuestionarse a los ciudadanos de cómo se están protegiendo sus datos personales, lo positivo de todo esto, es el interés que ha despertado estos temas en los costarricenses y el crecimiento de la educación digital al respecto.

Consecuencia de los casos anteriores, se ha promovido la Reforma Integral a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (proyecto 22.388), la cual busca mejorar las garantías en esta materia y ampliar derechos y principios relativos al tratamiento de datos personales. El gobierno, que tiene interés en el proyecto al ser el propio partido oficialista quien lo propone, ha convocado su discusión en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa para que avance en su trámite. Es muy probable entonces que antes de Enero 31 se discuta dicho proyecto en la Asamblea.

La propuesta de reforma no está libre de críticas y ha sido analizado y discutido en diferentes escenarios como el Debate Regulatorio Sobre Protección de Datos Personales celebrado por la Comisión de Innovación Regulatoria del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y en el programa Estado Nacional de Teletica del pasado 12 de diciembre, entre otros. Para este mes se esperan más actividades al respecto especialmente dentro del marco de la celebración este mes del Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

Datos Biométricos: bajo el expediente 21.321 se tramita el proyecto de Ley de repositorio único nacional para fortalecer las capacidades de rastreo e identificación de personas, el cual ya tiene dictamen afirmativo por la Comisión y cuyo texto fue actualizado en octubre del año 2021.

Esta normativa pretende fijar las reglas respecto al uso de datos biométricos en los procesos de identificación, dentro de sus fines, el proyecto busca que el Tribunal Supremo de Elecciones desarrolle y gestione de manera exclusiva como potestad de Estado una Plataforma Nacional de Identificación Biométrica, así como la posibilidad de comercializar las consultas a dicha base de datos.

Este año podrá darse un avance importante de este proyecto, pero antes será prioritario que especialistas analicen su contenido y aporten recomendaciones al texto, de esta forma se logrará afinar los detalles que se requieran con el fin de alcanzar solidez jurídica y técnica en la propuesta.  El reto no es menor, ya que se trata de asegurar garantías legales en los procesos de identificación digital en sectores altamente regulados como lo son el sector financiero, salud y seguridad pública, pero al mismo tiempo, garantizar el adecuado tratamiento de datos personales sensibles, como lo son los datos biométricos de los costarricenses. En esa misma línea, se deberá estar atento a las posibilidades que otorgue este texto para permitir la vigilancia masiva a través de tecnologías de reconocimiento facial, práctica que ya se ha prohibido en Europa y que no debería permitirse en nuestro país por los múltiples riesgos que genera para la persona.

Pagaré electrónico: uno de los logros más destacados durante el 2021 en materia de Comercio electrónico en el país fue sin duda la promulgación de la la Ley sobre letra de cambio y pagaré electrónicos No. 10069, dicha normativa regula la desmaterialización y electronificación de la letra de cambio y pagaré, así como su anotación en cuenta en los Registros Centralizados.

De acuerdo con lo que ordena el artículo 19 de la ley, para junio de este año 2022 deberá emitirse por parte del CONASSIF el reglamento correspondiente. Una vez emitido el reglamento se conocerán los requisitos para acreditarse como Registro Centralizado, se espera que tan pronto comience a operar el primero de estos Registros se abrirán oportunidades para que las entidades financieras y Fintechs incorporen en sus plataformas tecnológicas funcionalidades que se integren vía API o Webservices con estos Registros Centralizados y en consecuencia, poder ofrecer a sus clientes la adquisición de créditos en línea respaldados por un pagaré electrónico firmados electrónicamente, similar a como sucede en Colombia y otros países que han adoptado el modelo de Registro Centralizado para la emisión y custodia de pagarés electrónicos.

Activos Virtuales (criptoactivos): en materia de activos virtuales el Poder Ejecutivo recientemente presento un proyecto de ley bajo expediente número 22.837 que busca incorporar como sujetos obligados a la inscripción ante la SUGEF a las empresas o plataformas que provean servicios relacionados con activos virtuales, es decir, los conocidos Crypto Exchanges. Entre los deberes que se les impone están los de cumplir con la plena identificación de las partes que intervienen en las transacciones de activos virtuales y el cumplimiento de la política conozca su cliente. Se omite en esta regulación regular los criptoactivos ya que el propósito de dicha reforma es cumplir con las recomendaciones del GAFI respecto a la prevención de lavado de activos y demás actividades ilícitas relacionadas, lo anterior es de interés para el gobierno en vista de que el país será evaluado probablemente en el 2023 por el GAFILAT en cuanto al cumplimiento de los estándares de GAFI y su efectividad.

Este año por lo tanto se prevé la discusión de este proyecto en la Asamblea y de lograrse una regulación adecuada, se podría incentivar la operación de Crypto Exchanges en el país, es una oportunidad que se le presenta a Costa Rica en el desarrollo de este sector y en ganar competitividad tan necesaria en la actualidad para la reactivación económica y la generación de empleo, pero todo dependerá de la buena labor del legislador,  no obstante, desde ya se plantean algunas dudas de la propuesta.

Por otro lado, veremos si prospera las intenciones de Tributación de grabar con el IVA y renta a los activos virtuales, tal y como lo dio a conocer al final del año pasado con la consulta de la “Resolución interpretativa en relación con el tratamiento fiscal de los activos virtuales y actividades conexas”, la cual ha generado fuerte oposición por especialistas en el tema como la Asociación Blockchain de Costa Rica (AsoBlockchain).

Retos y tendencias en Derecho Digital para el 2022

Inteligencia Artificial: este año continuará avanzando en el país la iniciativa fAIr LAC Costa Rica, proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del cual Costa Rica es hub regional. fAIr LAC tiene como objetivo promover, educar y regular el desarrollo y uso ético de la Inteligencia Artificial (IA), no obstante, no se descarta que algunos especialistas en la materia propongan normativa que establezca reglas y controles al desarrollo e implementación de IA, especialmente aquella que utiliza algoritmos de decisiones automatizadas y que puedan vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos.

Identidad Digital: en materia de identidad digital se viene un año de mucho avance y retos regulatorios, las Fintechs que han venido utilizando mecanismos de onboarding digital para el registro de usuarios a sus servicios, seguirán innovando en estos procesos y volviéndose más ágiles, mientras tanto, las entidades financieras con el fin de no quedarse atrás, comienzan a interesarse en la adopción de estos sistemas automatizados de identificación digital y valoran el onboarding digital como una alternativa para seguir competiendo en una sociedad que cada vez es más digital, esto pese a los vacíos legales y a la ausencia de reglas claras por parte del regulador, no obstante,  el sector bancario tiene claro que requerirá innovar e implementar tecnologías de identidad digital que les permitan ofrecer experiencias cien por ciento remotas y digitales a sus usuarios, no solo para captar más clientes, sino además para colocar más productos y servicios financieros de manera digital.

La implementación de tecnología que permita la plena identificación de los usuarios en la celebración de actos remotos será un factor prioritario este año para sectores regulados como el financiero, salud y administración pública. Será imprescindible para estas organizaciones, adoptar las tecnologías idóneas para garantizar la prevención de la suplantación de identidad  y el cumplimiento de la política conozca su cliente (en el caso de entidades financieras reguladas), sin embargo, con el propósito de ofrecer seguridad tanto a las organizaciones como a los usuarios, se requerirá mayor claridad y desarrollo regulatorio en materias como protección de datos personales, datos biométricos,  sistemas automatizados de identificación, firma electrónica y ciberseguridad. Por tal razón, será importante estar atentos y seguir de cerca lo que suceda con los proyectos de ley mencionados arriba.

En cuanto al camino a seguir en identidad digital, será muy importante lo que desarrolle Europa al respecto en el nuevo eIDAS 2, todo apunta hasta la fecha que se decantará por un sistema basado en tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology) el cual permitirá a los ciudadanos gestionar la identidad de manera soberana en sus propias carteras digitales, lo cual se plantea como un importante avance al permitirle a la persona un mayor control de sus datos personales. Sin duda será una iniciativa a la cual deberemos darle seguimiento, ya que se asume que al igual como ha sucedido con el GDPR, este nuevo modelo de identidad digital se podría convertir en un estándar global, al menos para occidente.

Firma electrónica: el interés y utilización de la firma electrónica seguirá creciendo este año en Costa Rica, la firma digital certificada ha demostrado no ser un mecanismo adecuado para actos electrónicos de bajo riesgo, especialmente aquellos que requieren agilidad y eficiencia para facilitar la gestión y el flujo de documentos electrónicos, por tal razón, la adopción de tecnologías y sistemas de firma electrónica confiable seguirá en aumento, por ejemplo para aquellos en caso en que la nueva regulación ya establece como mecanismo válido el uso de firma electrónica, como lo establecido en el ACUERDO SUGEF 35-21, el cual permite la utilización de firma electrónica y códigos OTPs (OneTime Password) a través del correo electrónico, SMS o Whatsapp, de esta forma el usuario podrá otorgar la autorización correspondiente a las entidades bancarias para consultar y acceder el nuevo Centro de Información Conozca su Cliente (CICAC) gestionado por la SUGEF.

Criptoactivos y Blockchain: en materia financiera, se sabe que el Banco Central de Costa Rica y el CONNASSIF trabajan en una futura propuesta que seguramente será presentada en el transcurso de este año, de esta forma, nos uniremos a los países que regularán esta actividad, de especial relevancia será lo que determine Europa en la futura Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que será crucial para entender la tendencia normativa en este tema. Por otra parte, el auge de la tokenización de activos a través de los NFTs y otros tipos de tokens en la Blockchain será también un reto importante para los profesionales en Derecho y el propio regulador, estas tecnologías plantearán en nuestro país complejidades en propiedad intelectual, derecho societario, derechos reales, derecho financiero tributario, entre otros. En consecuencia, será un año donde todo lo relacionado a activos virtuales irá en crecimiento, ya que el interés de los ciudadanos y las empresas va en aumento para incursionar en estas nuevas tecnologías y modelos de negocios digitales.

Será muy probable que comencemos a ver de manera más frecuente durante el 2022 la implementación de smartcontracts en casos de uso de negocio específico: finanzas descentralizadas (DeFi), trazabilidad de mercancías, mercado inmobiliario, seguros, etc. Así mismo se dará un mayor crecimiento en propuestas desarrolladas en Blockchain que permitan ofrecer certeza de las evidencias digitales generadas en diferentes escenarios o flujos operativos.

Ciberseguridad: las amenazas a la ciberseguridad y los delitos informáticos seguirán a la orden del día y serán el dolor de cabeza de muchas organizaciones y ciudadanos que no tomen medidas al respecto. La suplantación de identidad, las estafas informáticas, los fake news y el robo de información confidencial y sensible serán las amenazas más importantes.

Las autoridades continuarán en el país sin poder hacer mucho si no hay una asignación mayor de recursos financieros y humanos dedicados a la investigación y prevención de estos ilícitos. No obstante, se abre una oportunidad importante para aquellos profesionales de la ingeniería informática que quieran especializarse en Peritaje Forense Informático, ya que la mayoría de conflictos en la actualidad incluyen algún medio digital, por lo tanto y en vista de la velocidad del avance tecnológico, se requerirán más y mejores profesionales en este campo.

Educación en Derecho Digital: los retos anteriores demandarán que los Abogados pasen del conocimiento teórico del Derecho Digital a la práctica, especialmente con habilidades personales y profesionales para trabajar con equipos de desarrollo de tecnologías y transformación digital, por lo cual la educación continua en tecnología seguirá siendo un requisito para los profesionales en Derecho.

Se han abierto en el país durante los dos últimos años los primeros posgrados en Derecho Digital en dos importantes universidades, para este año se espera que continúe la consolidación de dichos programas y se verá un aumento en el interés de las facultades de Derecho por los temas relacionados a la abogacía Digital, el Derecho y tecnología. Los webinars, conversatorios, foros y debates seguirán presentes y se consolidarán como un espacio importante para que el ciudadano se informé de estos temas y forme su criterio al respecto.

En el Poder Judicial los Jueces, fiscales y defensores deberán seguir capacitándose en temas tecnológicos para poder responder a las complejidades que plantea la tecnología, se irán incrementado en sus despachos sin importar la materia, asuntos que tengan que ver con Blockchain, algoritmos de decisión automatizada, smartcontracts, criptoactivos, identidad digital o firma electrónica.

La actualidad presente y futura exigirá que los Abogados se capaciten en temas de Derecho Digital para poder ofrecer un servicio acorde con las situaciones que se presentan, por tal razón, las firmas legales comienzan a incorporar en sus áreas de práctica legal profesionales con conocimiento en dichos temas.

Los temas pendientes

Aunque se continúa avanzando en reformas y nuevas propuestas que tienen como fin regular el avance de la tecnología, hay aspectos que aún siguen pendientes, Costa Rica continua adoleciendo por legislación relativa a ciberseguridad, comercio electrónico y plataformas de economía colaborativa.

A pesar de que la ciberseguridad es un tema de vital importancia para el país, para las empresas, el ciudadano y la sociedad en general, no se ha logrado emitir en el país una normativa que establezca un marco legal de referencia de cumplimiento mínimo en ciberseguridad.

En materia de Comercio Electrónico, Europa lleva más de 20 años regulando esta área, países como Colombia, México, Panamá o Estados Unidos cuentan también con reglas claras en este tema. Lamentablemente durante los últimos diez años Costa Rica ha desperdiciado dos oportunidades de regular el Comercio electrónico a través de los proyectos redactados por la Dra. Vilma Sánchez, los cuales sin razón alguna han sido archivados por la Asamblea Legislativa. En un escenario de pandemia como el actual donde predomina la virtualidad y los actos no presenciales, un marco normativo en esta área ofrecería mayor seguridad jurídica y a la vez un importante desarrollo a esta industria.

Los proyectos de ley que buscan regular las plataformas de economía colaborativa no avanzan en la Asamblea y sigue existiendo un gran vacío e inseguridad jurídica en el país para las partes involucradas en la prestación de estos servicios, siendo contradictorio que para lo único que les interesa a las autoridades es para obtener impuestos de estas actividades, pero no para regular las condiciones de los actores que participan en dicha actividad económica.

Sin duda quedan temas por fuera de este resumen, la tecnología avanza de manera acelerada y es casi imposible para el Derecho seguir los pasos de su avance, sin embargo, observamos un aumento en el interés del legislador por regular los fenómenos surgidos con el uso de la tecnología en el país, así es que esperamos un año 2022 muy activo en la materia y con retos muy interesantes que exigirán más estudio, análisis y discusión.